Entre 1932 y 1972, 600 personas del condado de Macon, en el sur de Estados Unidos, formaron parte de uno de los experimentos médicos menos éticos y más controvertidos de la historia del siglo XX.
Para entender lo ocurrido hay que remontarse a finales de los años 20, cuando el experimento se puso en marcha. Por aquel entonces, no existía ningún tratamiento fiable para la sífilis, tan sólo algunos mecanismos que causaban fuertes efectos secundarios y cuya utilidad no estaba demostrada.
Con el objetivo de entender mejor el funcionamiento de la enfermedad, el Servicio Público de Salud y el Instituto Tuskegee decidieron estudiar durante un período de 6 a 8 meses la población infectada que habitaba en el condado de Macon y, posteriormente, tratarlos con los medicamentos disponibles.
Con lo que no contaban por aquel entonces es con que iban a terminar engañando, enfermando y despreciando a decenas de los estadounidenses más desfavorecidos.
Para llevar a cabo el experimento, se contó con 399 varones afroamericanos, así como con 201 sanos, que habrían de servir de grupo de control.
Se dijo a los enfermos que tenían “mala sangre” (bad blood), una palabra genérica para referirse a diversas enfermedades y ofrecieron comida, alojamiento y seguro de deceso a los participantes.
En un primer momento, el estudio era meramente prospectivo, es decir, los datos se recogían en tiempo presente para llegar a unas conclusiones ulteriores, ya que no existía ningún tratamiento completamente fiable que lo pudiese convertir en terapéutico.
El doctor Taliaferro Clark fue su impulsor. Descontento con la metodología de sus compañeros, decidió marcharse al cabo de un año, dejando el experimento en manos de otros médicos menos considerados, como el doctor Oliver Wenger, que supervisó el proceso durante años.
En un correo enviado a su compañero el doctor Raymond Vonderlehr, Wenger le felicitaba por su capacidad para engañar a los
“ negros ” (utilizaba el término " n i g g e r en su correo).
Por ejemplo, durante la investigación, los pacientes recibieron una carta que avisaba que se trataba de “la última oportunidad para tener un tratamiento especial gratis”.
Dicho tratamiento no era otra cosa que una punción lumbar para localizar la enfermedad: no había nada de terapéutico en ello.
El momento crítico se produce, no obstante, en 1947, cuando la penicilina comienza a difundirse como tratamiento para la sífilis. Cuatro años antes, la Ley Henderson ordenaba su tratamiento obligatorio. Ello no detuvo el experimento, ni siquiera hizo que se replantease. Al contrario, este siguió adelante como si nada hubiese ocurrido, sin proporcionar penicilina a ninguno de los pacientes.
Los responsables de la investigación se negaron a que sus "conejillos de indias" formasen parte de campañas nacionales para la erradicación de la enfermedad y siguieron proporcionándoles placebo.
Ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial, cuando 250 de los participantes en el estudio fueron llamados a filas, pudieron ser tratados, ya que los investigadores adujeron que ya estaban recibiendo medicación.
Entre principios de los años 30 y finales de los años 40, la situación internacional había cambiado bastante, en especial por el descubrimiento de la experimentación nazi durante el holocausto.
Ello no impidió que durante esos años el doctor John Heller, director de la División de Enfermedades Venéreas del Servicio Público de Salud, decidiese seguir adelante con el experimento.
Años después, justificaría a los colaboradores afirmando que “los médicos y el personal civil se limitaron a cumplir con su trabajo. Algunos siguieron órdenes, otros trabajaron para gloria de la ciencia”.
Uno de ellos era la enfermera Eunice Rivers, quizá uno de los personajes más controvertidos del reparto de esta tragedia.
Se trataba de una mujer local afroamericana que trabajó como asistente de Vonderlehr y que consiguió convencer a muchos de sus vecinos de participar en el experimento. Durante mucho tiempo, fue el enlace entre el grupo de investigadores y los inocentes "voluntarios". A pesar de que en 1964 por ley todos los experimentos con humanos tuviesen el consentimiento expreso de los participantes, el criterio del Experimento Tuskegee no se revisó.
Un par de años después, Peter Buxton, investigador de enfermedades venéreas del Servicio Público de Salud denunció la situación al CDC (Centro de Control de Enfermedades, por sus siglas en inglés), que descartó toda intervención hasta la muerte de todos los participantes, momento en el que finalmente podrían obtener los tan deseados datos.
Más de 8 años después, Buxton acudió a la prensa ante la pasividad de las autoridades sanitarias oficiales. Finalmente, el Washington Star y el New York Times publicaron en sus primeras páginas la noticia a finales de julio de 1972 y, en apenas un día, el escándalo fue tal que el proyecto fue clausurado.
En ese momento, tan sólo 74 participantes originales quedaban vivos. Tanto ellos como las familias del resto de víctimas se repartieron 9 millones de dólares de compensación.
En 1997, el presidente de los Estados Unidos Bill Clinton se disculpó de forma oficial en la Casa Blanca ante 5 de los supervivientes:
“No se puede deshacer lo que está hecho, pero podemos acabar con el silencio”, recordó a las víctimas. “Podemos dejar de mirar a otro lado, mirarlos a los ojos y finalmente decir, de parte del pueblo estadounidense, que lo que hizo el Gobierno fue vergonzoso y que lo siento”.
A pesar de la disculpa, la sombra del Experimento Tuskegee sigue siendo muy larga. No sólo provocó dolor y sufrimiento a centenares de ciudadanos, sino que sus consecuencias se han dejado notar a lo largo del tiempo.
Provocó que gran parte de los afroamericanos desconfíen de los tratamientos médicos, algo decisivo en la situación que estamos viviendo en los últimos 2 años.
No podemos generalizar afirmando que todo tratamiento sea falto de ética debido a casos como este. Implicaría negar toda la evidencia que sustenta la ciencia y pondríamos en riesgo nuestra salud y la de los demás.
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